El 2012 fue un año especial en términos de asignación
presupuestaria para el sector educación. El incremento de recursos entre el
2011 y 2012 fue de S/. 2.2 miles de millones, de los cuales el presupuesto
inicial de apertura destinó S/. 1 300 millones a proyectos de mejora de los
aprendizajes de poblaciones excluidas, S/. 869 millones para materiales
educativos y S/. 406 millones para acompañamiento pedagógico y gestión.
La preocupación de la administración educativa porque el
inicio del año escolar se produzca sin contratiempos tuvo un logro parcial,
sucediendo lo mismo con la distribución de libros de texto, los cuales en
algunos casos no pudieron superar las deficiencias del pasado al llegar dos o
tres meses después de comenzadas las clases. Varias de las políticas que el
Ministerio de Educación diseñó desde el año pasado encuentran en los conflictos
magisteriales la principal traba para su adecuada implementación; entre ellas,
los programas de Logro de Aprendizajes, Escuelas Marca Perú y el aumento de la
cobertura de la educación inicial.
La pregunta que hay que plantearse es cuál será el impacto
de los paros magisteriales producidos este año en la calidad y los resultados
de la educación frente a un esfuerzo presupuestal pocas veces visto en la
historia del país. Una evaluación de la cantidad de horas perdidas de clase, de
lo que no será posible recuperar y de la situación de los logros de aprendizaje
de los alumnos sería urgente tener de parte del Ministerio de Educación.
Y es que luego de casi dos meses del paro promovido por la
facción del SUTEP ligada al Conare, que culminó a mediados de agosto, comenzó
el 5 de setiembre una nueva huelga que ya lleva un mes de duración, esta vez
liderada por la facción oficial del SUTEP. El sindicato presiona principalmente
por que se den los aumentos, que se reconozca la deuda que se les tiene del 30%
por preparación de clases y evaluación, así como las asignaciones por sepelio y
luto y tiempo de servicios de acuerdo a lo que establecen las normas. Pero
principalmente lo que busca la dirigencia sindical es que la nueva ley de
carrera docente que se apruebe no debilite el poder del SUTEP frente al
magisterio público; también trata de demostrar que su capacidad de convocatoria
y lo que puede lograr la dirigencia sindical en negociación es más efectiva que
lo que puede hacer la facción del Conare. De allí que defienden con vehemencia
los aumentos generales y la estabilidad laboral, consecuentemente, una
evaluación del desempeño laboral que no ponga en peligro la relación contractual
del docente con el Estado.
Desde que se inició la última huelga, el gobierno mantuvo la
posición que los aumentos vendrían simultáneamente a la aprobación de la Ley;
además ha reservado fondos para las mejoras a partir de octubre, suponiendo que
en ese mes estaría aprobada la nueva ley de carrera magisterial. Transcurridas
varias semanas del conflicto, la posición del gobierno empieza a variar si se
tiene en consideración el avance de aprobación de la nueva ley de carrera
docente. En setiembre la Comisión de Educación del Congreso de la República
sostuvo entrevistas con diversos actores para recoger sugerencias que le
permitan preparar un proyecto sustitutorio sobre la base de las cuatro
iniciativas de proyecto de ley presentadas. Esas entrevistas están programadas
por lo menos hasta la primera semana de octubre. El presidente de la Comisión
ha manifestado que se hacen todos los esfuerzos para que al finalizar la
primera quincena de octubre el trabajo haya concluido y se tramite para su
discusión en el pleno del Congreso. Si bien el Poder Ejecutivo ha solicitado
prioridad para el debate del proyecto de Ley, el tiempo que resta para
aprobarlo es muy corto pues noviembre es un mes generalmente dedicado casi en
exclusivo al análisis del Presupuesto Público para el año siguiente. Frente a
este panorama, el viceministro de Gestión Pedagógica reconoce que será muy
difícil que la Ley pueda aprobarse antes de noviembre.
Lo que saldrá como proyecto de ley en la Comisión de
Educación es una interrogante. La posición de sus miembros no coincide
plenamente con la propuesta del Ejecutivo. Algunos piensan que si se da una
nueva norma ella debería propiciar un cambio trascendente de la legislación
laboral del docente, por ejemplo, en la jornada laboral colocándola en el mismo
plano que la que tiene el resto de trabajadores de la administración pública.
Hay de los que opinan que es un peligro dar demasiadas atribuciones al Director
existiendo tantas denuncias sobre irregularidades de su actuación en los
últimos concursos de nombramiento o contrato; también hay de los que piensan
que el tema es asunto de los educadores y que en sus decisiones no deberían
participar otros profesionales. Contar con un proyecto de consenso no será
asunto fácil pues las propuestas hay que evaluarlas en el marco de la
factibilidad técnica, financiera y política.
Frente al conflicto magisterial el gobierno encuentra
factores en contra. Por un lado, el personal de Salud desarrolla
simultáneamente una huelga. A su dirigencia el gobierno les ofrece un aumento
–no aceptado- de mil trescientos nuevos soles. Este incremento, posiblemente
justo, es muy superior al que se anuncia para los maestros.
En segundo lugar, al no conocerse el texto final de la ley
que se apruebe, el gobierno se resiste a precisar cómo serán las mejoras al
magisterio. Lo que circula es información no oficial sobre el piso salarial del
docente en la nueva carrera y que los aumentos serían de un promedio de cien
hasta cuatrocientos nuevos soles mensuales. Pero al no ilustrar con casos
específicos la situación que tendrían los docentes al pasar de las leyes
vigentes a la nueva ley, lo que mantiene es desconcierto y dudas sobre las
mejoras reales. Por ejemplo, muchos se preguntan cómo les afectará en su
remuneración íntegra mensual la eliminación de conceptos como la preparación de
clases y la asignación por maestría y doctorado. Dicen, con razón, que un
maestro del mismo nivel magisterial sin maestría o doctorado terminará
recibiendo un aumento mayor que el que sí tiene ese grado. Iniden insiste, como
lo ha hecho en informes previos, en que el gobierno debería oficializar el piso
salarial y que basado en el proyecto de ley presentado ilustre con diversos
ejemplos la situación en que podrían quedar las boletas de pago.
Durante la mayor parte del tiempo que dura el conflicto, la
actitud del gobierno fue pasiva en la esperanza que el reinicio de las clases
se de por agotamiento del conflicto como sucedió con el paro organizado por la
facción del SUTEP Conare. Quizá lo más destacado fue el anunció de la ministra
Patricia Salas que se harían descuentos a los huelguistas y que la Contraloría
haría seguimiento de los mismos en las planillas confeccionadas por los
Gobiernos Regionales. Frente al antecedente que no hubo descuento a los maestros
que pararon entre junio y mediados de agosto la advertencia de la ministra
quedó en el vacío. El viceministro de Gestión Institucional Fernando Bolaños ha
reiterado que si hasta el 5 de octubre no se suspende la huelga habrá
descuentos.
El pobre apoyo que recibe la ministra de Educación de parte
de algunos Gobiernos Regionales se convierte en un fuerte escollo para
enfrentar la huelga y para hacer efectivos los descuentos. Públicamente hay
autoridades regionales que han dicho que no descontarán. Es una razón
importante por la que solo se conocen muy pocos casos de maestros a los que se
les ha descontado por los días no trabajados, pero ellos son una pequeña parte
de los que acatan la huelga.
También abona en la creencia de los maestros huelguistas que
no habrá descuentos la declaración de la ministra Salas de que el Ministerio de
Educación prepara un plan para la recuperación de clases que podría implicar
que el año escolar se prolongue hasta enero. En algunas regiones donde el paro
se produjo entre junio y agosto se tuvo la misma intención de recuperar clases
los fines de semana. La dificultad que se enfrenta es el alto nivel de
inasistencia de alumnos y/o profesores a esas sesiones.
Una opción que anuncia el Ministerio de Educación es emplear
el Programa Perú Educa para la recuperación de clases. Sería especialmente en
las cinco mil escuelas que tienen conexión a Internet. Se ha preparado una
plataforma con contenidos para los alumnos, los padres y los docentes que
ayudarían a compensar en algo el tiempo de clases perdido. No obstante, la
cobertura de escuelas que podrían acceder a este programa es limitada.
Quienes principalmente no acatan la huelga son los
profesores de la Carrera Pública Magisterial. Muchos que deben soportar
manifestaciones de agravio y violencia por parte de maestros en huelga reclaman
protección o por lo menos algunas muestras de reconocimiento de las autoridades
educativas por la actitud que adoptan. Igualmente se quejan de una cierta “mala
voluntad” contra los docentes que están en ese régimen y de la poca claridad y
consistencia de los mensajes dados por la administración educativa. Por
ejemplo, ciertos funcionarios de la administración regional les están indicando
que aún cuando no hagan huelga igual deberán participar del programa de
recuperación de clases. En otras palabras, les dicen que de nada les valdrá no
hacer huelga.
También les preocupa que no se cumpla con las normas
vigentes sobre descuentos, sobre todo cuando se conoce que desde un primer
momento la huelga fue declarada ilegal. Creen además que existe una actitud muy
contemplativa de parte de la administración respecto del cumplimiento de
directivas que promueven el control de la asistencia y trabajo efectivo de los
profesores por parte de los directores. En muchos casos los docentes en huelga
solo van a firmar.
Reflexión final
Cierto es que el sindicato y el gobierno son conscientes que
una huelga larga desgasta y llega un momento para buscar canales de solución.
Al coincidir en que se necesita superar el conflicto, han reiniciado
conversaciones. Esta vez, atendiendo la demanda del SUTEP, la mesa de diálogo
cuenta con la presencia de representantes de la Presidencia del Consejo de
Ministros y los Ministerios de Educación, Trabajo y Economía y Finanzas. El
gobierno ha ofrecido, a condición de suspender la huelga, un bono por única vez
de S/. 300, regularizar la asignación por tiempo de servicios que se venía
pagando en un porcentaje menor al establecido por norma y crear una comisión
intersectorial que elabore una propuesta de pago de la deuda que se tiene a los
profesores por preparación de clases y evaluación. Frente a esta oferta del
gobierno el Secretario General del SUTEP ha dicho que es insuficiente y que
continuarán con su lucha, aunque según las autoridades del Ministerio de
Educación las posibilidades de superar el conflicto son altas.
Los problemas con el magisterio podrían no concluir con la
solución de esta huelga. La facción del SUTEP Conare ha expresado que solo ha
suspendido el paro que empezaron en junio y que lo retomarán en cualquier
momento de considerar que la propuesta de ley que se apruebe no satisfaga sus
expectativas. Ellos plantean mantener la Ley del Profesorado, con lo cual se
dejaría de lado una carrera meritocrática, manteniéndose más bien una
estabilidad laboral casi irrestricta y aumentos generales sin considerar que
existen unos docentes que logran mejores resultados que otros.
Volviendo a lo expresado en el primer párrafo de este
informe, es una lástima que en tiempos de una bonanza económica el sector
Educación no pueda aprovechar los significativos incrementos de recursos que
recibe. Son oportunidades que por ser excepcionales deberían servir para dar
los saltos cualitativos que nuestra educación necesita.
PD: Tomado de Foro Educativo
http://www.foroeducativo.org/index.php/welcome/opinion/920
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